El Extractivismo como Forma de Acumulación por Desposesión en el Sur Global

Introducción: El Saqueo de los Territorios como Motor del Capitalismo Contemporáneo

El extractivismo se ha consolidado como uno de los mecanismos más brutales de acumulación por desposesión en el siglo XXI, particularmente en los países del Sur Global. David Harvey incluye esta práctica dentro de su marco teórico al demostrar cómo el capitalismo neoliberal necesita constantemente nuevas fronteras de explotación para mantener su tasa de ganancia. El modelo extractivista – basado en la minería a gran escala, los monocultivos agroindustriales y la explotación petrolera – representa una forma neocolonial de acumulación que devasta ecosistemas enteros mientras desplaza comunidades ancestrales de sus territorios. América Latina se ha convertido en el epicentro de este fenómeno, donde el 40% de los conflictos socioambientales están relacionados con actividades extractivas según la CEPAL. Desde la minería de litio en el Salar de Atacama hasta la deforestación amazónica para plantaciones de soja, estas actividades generan enormes ganancias para transnacionales mientras dejan a su paso contaminación, pobreza y violencia estructural. Este artículo analizará cómo el extractivismo opera como mecanismo de desposesión, examinando sus dimensiones económicas, ecológicas y geopolíticas, así como las resistencias que ha generado entre pueblos indígenas, campesinos y movimientos ecologistas. Además, exploraremos alternativas al desarrollo extractivista que están surgiendo desde los territorios, mostrando que otro modelo de relación con la naturaleza es posible.

1. La Economía Política del Extractivismo: De la Colonia al Neoliberalismo

El extractivismo contemporáneo no puede entenderse sin reconocer sus raíces históricas en el colonialismo europeo. Desde el saqueo de plata y oro en Potosí y Zacatecas durante los siglos XVI y XVII hasta el caucho amazónico en el XIX, la extracción de recursos naturales ha sido el eje estructurante de las economías del Sur Global. Sin embargo, David Harvey argumenta que el extractivismo neoliberal actual presenta características cualitativamente diferentes: una escala sin precedentes (con megaminas que mueven millones de toneladas diarias), tecnologías más destructivas (como el fracking y la minería a cielo abierto) y una integración total con los circuitos financieros globales. Las corporaciones mineras y agroindustriales ya no operan como enclaves aislados, sino como nodos centrales en cadenas globales de valor controladas desde centros financieros como Toronto, Londres y Singapur. Este modelo ha sido posible gracias a reformas legislativas promovidas por organismos internacionales durante las décadas de 1990 y 2000, que facilitaron la entrada de capitales transnacionales en sectores estratégicos. En Perú, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fujimori modificó la Constitución para permitir concesiones mineras en cabeceras de cuenca, mientras que en Argentina la Ley de Inversiones Mineras de 1993 otorgó exenciones fiscales y estabilidad jurídica a las empresas.

La financiarización de la naturaleza es otro aspecto clave del extractivismo contemporáneo. Los commodities naturales no solo se explotan para uso industrial, sino como activos financieros especulativos. El caso del agua es paradigmático: en Chile, el Código de Aguas de 1981 (creado durante la dictadura de Pinochet) permitió privatizar los derechos de agua, que hoy son comprados y vendidos en bolsa por fondos de inversión. Similarmente, la expansión de la frontera sojera en el Cono Sur responde menos a demandas alimentarias que a la lógica de los mercados de futuros de Chicago. Harvey señala que esta financiarización convierte a la naturaleza en “capital ficticio”, generando burbujas especulativas que terminan en crisis ecológicas y sociales. El resultado es lo que el sociólogo uruguayo Eduardo Gudynas llama el “consenso de los commodities”: un pacto político entre élites locales y capital transnacional para mantener economías primario-exportadoras, aunque esto implique profundizar la dependencia y vulnerabilidad de los países del Sur. Este modelo extractivista, lejos de ser un “etapa de desarrollo”, es una forma sistemática de desposesión que transfiere riqueza desde las periferias hacia los centros del capitalismo global.

2. Conflictos Socioambientales y Resistencias Territoriales

La expansión del extractivismo ha generado una ola de conflictos socioambientales sin precedentes en todo el Sur Global. Según el Atlas de Justicia Ambiental, existen actualmente más de 3.500 conflictos ecológicos distribuidos en todos los continentes, la mayoría relacionados con actividades mineras, petroleras y agroindustriales. Estos conflictos revelan la violencia inherente a la acumulación por desposesión: comunidades enteras son desplazadas de sus territorios, líderes ambientales son asesinados y ecosistemas frágiles son destruidos en nombre del “progreso” y el “desarrollo”. En Colombia, el 60% de los asesinatos de defensores de derechos humanos están vinculados a disputas por tierras en zonas de interés minero-energético. El caso de la mina de carbón El Cerrejón en La Guajira es emblemático: operada por las multinacionales Glencore, BHP y Anglo American, ha desplazado a más de 35 comunidades wayúu mientras seca los arroyos de los que dependen los indígenas para sobrevivir. Similarmente, en Honduras el asesinato de Berta Cáceres en 2016 puso en evidencia los vínculos entre empresas hidroeléctricas, gobiernos corruptos y paramilitares en la represión de las resistencias ambientales.

Frente a esta ofensiva extractivista, han surgido poderosos movimientos de resistencia que articulan demandas ecológicas con reivindicaciones territoriales y de autodeterminación indígena. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) lideró las protestas que en 2019 paralizaron el intento del gobierno de eliminar subsidios a los combustibles como parte de un acuerdo con el FMI. En Argentina, las asambleas socioambientales lograron prohibir la megaminería con uso de cianuro en siete provincias mediante plebiscitos populares. Estos movimientos no solo resisten, sino que proponen alternativas basadas en el “buen vivir” (sumak kawsay en quechua), una filosofía que cuestiona el antropocentrismo capitalista y propone relaciones armónicas entre seres humanos y naturaleza. La defensa de los territorios se convierte así en un acto político radical que desafía las lógicas extractivistas del capitalismo global. Como señala la teórica feminista Silvia Federici, estas luchas representan una nueva “cercadura de los comunes” donde lo que está en juego es nada menos que la posibilidad misma de la reproducción de la vida.

3. Alternativas al Extractivismo: Transiciones Socioecológicas en Disputa

La crisis civilizatoria que enfrentamos – marcada por el colapso climático, la pérdida de biodiversidad y la pandemia global – ha puesto en evidencia los límites del modelo extractivista. Frente a esto, surgen en todo el mundo alternativas que buscan construir economías postextractivistas basadas en la justicia socioambiental. Una de las propuestas más radicales es el “decrecimiento”, planteado por autores como Serge Latouche y Giorgos Kallis, que cuestiona el dogma del crecimiento económico infinito en un planeta finito. En América Latina, el concepto de “transición ecosocial” propone abandonar gradualmente las actividades extractivas mientras se fortalecen economías locales basadas en la agroecología, las energías renovables comunitarias y la manufactura descentralizada. Experiencias como las ciudades en transición (transition towns) en Europa o las ecoaldeas en Brasil muestran que es posible organizar la producción y el consumo de manera radicalmente diferente.

Los gobiernos progresistas de la región enfrentan el dilema de cómo financiar políticas sociales sin depender del extractivismo. Algunas experiencias innovadoras incluyen la nacionalización de recursos estratégicos (como hizo Bolivia con el litio), la creación de fondos soberanos (el caso noruego es paradigmático) y la implementación de impuestos a las ganancias extraordinarias de las transnacionales. Sin embargo, como advierte el economista uruguayo Eduardo Gudynas, no basta con “mejorar” el extractivismo mediante mejores regulaciones o mayor participación estatal en las rentas. Se necesita una transformación estructural que modifique los patrones de producción y consumo, redistribuya radicalmente la riqueza y reconozca los derechos de la naturaleza. Las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) fueron pioneras en este sentido al incorporar el “buen vivir” y los derechos de la Pachamama (Madre Tierra). Aunque su implementación ha sido desigual, marcan un horizonte político postextractivista que sigue inspirando luchas en todo el mundo.

Conclusión: Más Allá del Extractivismo – Hacia una Ecología Política de la Liberación

El extractivismo como forma de acumulación por desposesión representa una de las mayores amenazas para la vida en el planeta y para la soberanía de los pueblos del Sur Global. Como ha demostrado David Harvey, este modelo no es un “error” del capitalismo sino su forma contemporánea de expansión y reproducción. Sin embargo, las resistencias que ha generado – desde las comunidades zapatistas en México hasta los guardianes de la selva en Indonesia – muestran que otro mundo es posible. La crisis ecológica actual nos obliga a repensar radicalmente nuestras relaciones con la naturaleza, pasando de una lógica de dominación y explotación a una de interdependencia y cuidado. Las alternativas al extractivismo no son utopías abstractas, sino prácticas concretas que ya existen en miles de territorios alrededor del mundo. El desafío es escalarlas y articularlas en un proyecto político global capaz de enfrentar al capitalismo depredador. Como enseñan los pueblos originarios, no somos dueños de la tierra sino parte de ella. Recuperar esta sabiduría ancestral puede ser nuestra mayor esperanza en estos tiempos de colapso.