La Exclusión Política de las Masas Populares en Argentina

Publicado el 4 julio, 2025 por Rodrigo Ricardo

El Orden Conservador y la Construcción de un Sistema Excluyente

La Argentina que emergió tras la sanción de la Constitución Nacional de 1853 fue moldeada bajo un proyecto político que, aunque proclamaba principios liberales y republicanos, consolidó un régimen de exclusión sistemática de las mayorías populares. Las elites gobernantes, agrupadas en torno al Partido Autonomista Nacional (PAN), diseñaron un sistema electoral que garantizaba su hegemonía mientras marginaba a vastos sectores de la población, incluyendo a los trabajadores rurales, los inmigrantes y las clases urbanas empobrecidas.

Este orden conservador no fue simplemente el resultado de una coyuntura política, sino la expresión de una estructura de poder que buscaba preservar los intereses de la oligarquía terrateniente y comercial. La ley electoral de 1857, por ejemplo, estableció el voto cantado y público, lo que facilitaba el control de los comicios mediante el fraude y la coerción. Además, la ausencia de padrón electoral confiable permitía la manipulación de los resultados, asegurando que solo los candidatos afines al régimen accedieran a cargos públicos.

En el plano sociopolítico, esta exclusión no puede entenderse sin analizar las transformaciones económicas que vivió el país durante este período. El modelo agroexportador, basado en la producción de carne y cereales, consolidó una estructura social profundamente desigual. La concentración de la tierra en manos de una minoría terrateniente dejó a los peones rurales y arrendatarios en una situación de dependencia económica que se trasladó al ámbito político.

Estos grupos, carentes de derechos laborales y acceso a la educación, difícilmente podían participar en la vida política de manera autónoma. Por otro lado, la llegada masiva de inmigrantes europeos, aunque esencial para el crecimiento económico, no se tradujo en una ampliación de la ciudadanía política. Muchos de estos trabajadores extranjeros, aunque contribuían al desarrollo industrial y agrícola, eran vistos con desconfianza por las elites, que temían su influencia en movimientos anarquistas y socialistas. Así, el sistema político se cerró sobre sí mismo, perpetuando un orden excluyente que beneficiaba a unos pocos en detrimento de las mayorías.

La Resistencia Popular y los Intentos de Inclusión Frustrados

A pesar de la férrea estructura de dominación impuesta por el régimen conservador, las masas populares no permanecieron pasivas ante su exclusión política. Durante las últimas décadas del siglo XIX, surgieron diversas formas de resistencia y organización que buscaron desafiar el orden establecido. Los movimientos obreros, impulsados por anarquistas y socialistas, comenzaron a ganar fuerza en las ciudades, especialmente en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, donde la industrialización incipiente había concentrado a miles de trabajadores.

Estas organizaciones no solo luchaban por mejores condiciones laborales, sino que también denunciaban la falta de representación política de la clase trabajadora. Las huelgas y protestas, aunque reprimidas violentamente por el Estado, evidenciaban el malestar social y la creciente conciencia de un sector que se sentía marginado del proyecto nacional. Sin embargo, las elites respondieron con más exclusión y represión, como lo demostró la Ley de Residencia de 1902, que permitía la deportación de extranjeros considerados “peligrosos” para el orden público.

En el ámbito rural, las rebeliones de arrendatarios y peones también pusieron en evidencia las tensiones sociales generadas por el modelo agroexportador. Aunque menos organizadas que los movimientos urbanos, estas revueltas reflejaban el descontento ante la explotación y la falta de derechos. No obstante, la respuesta del Estado fue siempre la misma: la criminalización de la protesta y la consolidación de un sistema político que negaba la participación popular.

Incluso cuando surgieron voces dentro de la propia elite que abogaban por reformas electorales, como la del presidente Roque Sáenz Peña, estas iniciativas fueron resistidas por los sectores más conservadores, que veían en la ampliación del sufragio una amenaza a sus privilegios. Así, los intentos de inclusión política fueron sistemáticamente frustrados, dejando a las masas populares al margen de las decisiones que afectaban sus vidas. Esta dinámica solo comenzaría a cambiar con la llegada del radicalismo al poder en 1916, pero incluso entonces, la exclusión de amplios sectores seguiría siendo una realidad en la Argentina del siglo XX.

El Rol del Estado y las Instituciones en la Perpetuación de la Exclusión

El Estado argentino, durante el período comprendido entre 1853 y 1912, funcionó como un instrumento clave en la consolidación de un régimen político excluyente. Lejos de ser un árbitro neutral, las instituciones estatales fueron diseñadas para garantizar la continuidad del poder oligárquico, utilizando mecanismos legales y represivos para mantener a las mayorías populares fuera de la esfera de decisión. La justicia, por ejemplo, raramente actuó de manera independiente, sino que respondió a los intereses de las elites gobernantes, protegiendo sus privilegios económicos y políticos.

Los jueces, frecuentemente vinculados a las familias terratenientes, validaban las prácticas fraudulentas en las elecciones y criminalizaban las protestas sociales, asegurando que cualquier intento de desafío al orden establecido fuera rápidamente neutralizado. De esta manera, el Poder Judicial se convirtió en un pilar más del sistema de dominación, negando a los sectores populares cualquier posibilidad de recurso legal para defender sus derechos.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad, especialmente la policía y el ejército, fueron utilizadas como herramientas de control social. En las ciudades, la represión a las huelgas obreras era una constante, con cargas violentas y detenciones arbitrarias destinadas a amedrentar a los trabajadores. En el campo, las tropas del Estado actuaban en defensa de los latifundistas, desalojando a los campesinos que osaban reclamar por mejores condiciones de vida.

Esta militarización de la vida cotidiana reforzaba la idea de que el Estado no era un espacio de representación popular, sino un aparato al servicio de los poderosos. Incluso las instituciones supuestamente democráticas, como el Congreso, funcionaban como cámaras de legitimación de las decisiones de la elite, donde las voces disidentes eran sistemáticamente silenciadas. Este entramado institucional no solo perpetuaba la exclusión política, sino que también generaba un profundo desencanto entre las masas populares, que veían en el Estado a un enemigo más que a un protector de sus intereses.

La Influencia del Modelo Económico en la Marginación Social y Política

El sistema económico agroexportador, basado en la explotación intensiva de la tierra y la mano de obra barata, fue un factor determinante en la configuración de una sociedad profundamente desigual y excluyente. La riqueza generada por las exportaciones de carne y cereales se concentró en manos de una reducida oligarquía, mientras que las condiciones de vida de los trabajadores rurales y urbanos permanecieron en niveles de subsistencia.

Esta desigualdad económica tuvo un impacto directo en la capacidad de participación política de las mayorías, ya que la pobreza y la falta de acceso a la educación limitaban su posibilidad de organizarse y demandar cambios. Los peones de campo, por ejemplo, vivían en condiciones de semiesclavitud, sujetos a los caprichos de los terratenientes, quienes controlaban no solo sus medios de vida, sino también su capacidad de movilización política.

Por su parte, los inmigrantes europeos, aunque jugaron un papel central en el desarrollo industrial y agrícola del país, enfrentaron barreras estructurales que les impedían integrarse plenamente a la vida política. A pesar de que muchos de ellos habían llegado con ideas republicanas y democráticas, inspiradas por las revoluciones liberales en Europa, se encontraron con un sistema que los relegaba a la condición de ciudadanos de segunda clase.

La naturalización era un proceso burocrático y costoso, y el voto de los extranjeros estaba restringido, lo que les negaba cualquier posibilidad de influir en las decisiones políticas. Esta marginación sistemática generó un clima de frustración y descontento que alimentó el surgimiento de movimientos radicales, como el anarquismo y el socialismo, que cuestionaban no solo el orden económico, sino también el político. Sin embargo, la respuesta del Estado fue siempre la represión, antes que la inclusión, reforzando así el círculo vicioso de la exclusión.

El Legado de la Exclusión y sus Repercusiones en el Siglo XX

La exclusión política de las masas populares durante el período 1853-1912 no fue un fenómeno aislado, sino que sentó las bases para conflictos sociales y políticos que se extenderían a lo largo del siglo XX. Aunque la Reforma Electoral de 1912, conocida como Ley Sáenz Peña, marcó un punto de inflexión al establecer el voto secreto y obligatorio, las estructuras de poder y desigualdad que se habían consolidado en décadas anteriores no desaparecieron de la noche a la mañana.

El radicalismo, al llegar al gobierno en 1916, representó un cambio en términos de representatividad, pero no logró transformar de raíz el sistema económico excluyente que seguía beneficiando a las elites tradicionales. Además, los sectores populares que finalmente accedieron al veto siguieron enfrentando obstáculos, como la manipulación política y la falta de acceso real a los mecanismos de poder.

Este legado de exclusión también explica, en parte, el surgimiento de movimientos como el peronismo en la década de 1940, que supo capitalizar el malestar acumulado por décadas de marginación política y social. La demanda por una mayor participación y justicia social, que había sido ignorada durante el régimen conservador, estalló con fuerza a mediados del siglo XX, demostrando que las heridas de la exclusión tardaban en cerrarse.

Incluso en la actualidad, las tensiones entre las elites y los sectores populares siguen presentes en la vida política argentina, reflejando las contradicciones de un sistema que, aunque ha avanzado en términos formales de democracia, sigue arrastrando las huellas de un pasado marcado por la desigualdad y la exclusión. Así, el estudio de este período no es solo un ejercicio histórico, sino una herramienta para comprender los desafíos que aún persisten en la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva y democrática.