El Derrocamiento de Isabel Perón y la Toma del Poder por la Junta Militar en Argentina

Rodrigo Ricardo Publicado el 10 julio, 2025 9 minutos y 47 segundos de lectura

El Contexto Político y Social Previo al Golpe de Estado

El derrocamiento de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976 marcó un punto de inflexión en la historia argentina, cerrando un período de inestabilidad política, económica y social que se había intensificado desde la muerte de Juan Domingo Perón en 1974. Argentina vivía bajo una fuerte polarización ideológica, con enfrentamientos entre grupos de izquierda y derecha, mientras la economía sufría una inflación descontrolada y el descontento popular crecía.

Isabel Perón, quien asumió la presidencia tras la muerte de su esposo, carecía del liderazgo necesario para contener la crisis, y su gobierno se vio debilitado por la influencia de figuras como José López Rega, responsable de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), un grupo parapolicial que perseguía a opositores.

La violencia política, sumada a la recesión económica, generó un clima propicio para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas, lideradas por el general Jorge Rafael Videla, aprovecharon este escenario para justificar su toma del poder bajo el argumento de restaurar el orden y erradicar la «subversión». Este golpe de Estado no fue un hecho aislado, sino que se enmarcó en una ola de dictaduras en América Latina durante la Guerra Fría, con el apoyo encubierto de Estados Unidos en su lucha contra el comunismo.

El Golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976: La Caída de Isabel Perón

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas ejecutaron un golpe de Estado incruento que derrocó a Isabel Perón y disolvió todos los poderes democráticos. Isabel fue detenida y trasladada a la residencia presidencial de Olivos, mientras una junta militar integrada por los comandantes de las tres armas—el general Jorge Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Armada) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea)—asumió el control del país.

El nuevo régimen se autodenominó «Proceso de Reorganización Nacional» y estableció un gobierno de facto que suspendió la Constitución, prohibió los partidos políticos e intervino en los sindicatos. La prensa fue censurada, y se inició una campaña de persecución contra militantes políticos, sindicalistas, estudiantes y cualquier persona sospechosa de tener vínculos con la izquierda.

El golpe fue recibido con alivio por algunos sectores de la sociedad, agotados por la violencia y la crisis económica, pero pronto se revelaría el verdadero carácter represivo del régimen. La Junta Militar justificó su accionar como una «lucha contra la subversión», pero en realidad implementó un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos que incluyó secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

La Dictadura Militar y el Terrorismo de Estado

Una de las características más oscuras del régimen instaurado tras el derrocamiento de Isabel Perón fue la implementación de un plan de terrorismo de Estado destinado a eliminar toda forma de oposición. Las Fuerzas Armadas y los grupos de seguridad crearon centros clandestinos de detención, como la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde miles de personas fueron torturadas y asesinadas.

Las víctimas incluían no solo a guerrilleros de organizaciones como Montoneros o el ERP, sino también a civiles sin militancia activa, bajo la lógica de que cualquiera podía ser un «enemigo interno». Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo emergieron como un símbolo de resistencia, buscando a sus familiares desaparecidos y denunciando las atrocidades del gobierno militar. La comunidad internacional comenzó a presionar al régimen por las constantes violaciones a los derechos humanos, pero la Junta mantuvo su discurso de que estaba «salvando a la patria del caos».

Mientras tanto, la economía fue manejada por tecnócratas neoliberales como José Alfredo Martínez de Hoz, cuyas políticas de liberalización financiera y apertura comercial generaron una deuda externa insostenible y un aumento de la pobreza. A pesar de la represión, la resistencia persistió en sectores intelectuales, sindicales y de derechos humanos, sembrando las bases para el eventual colapso del régimen.

El Legado del Derrocamiento de Isabel Perón y el Retorno a la Democracia

El gobierno militar que surgió tras el derrocamiento de Isabel Perón duró hasta 1983, cuando la derrota en la Guerra de las Malvinas aceleró su caída y permitió el retorno a la democracia con la elección de Raúl Alfonsín. Sin embargo, las consecuencias de la dictadura dejaron una marca profunda en la sociedad argentina: miles de desaparecidos, una economía devastada y una cultura del miedo que tardaría años en superarse.

Los juicios a las Juntas Militares durante los años ochenta fueron un paso importante en la búsqueda de justicia, aunque muchos responsables nunca enfrentaron condenas. Isabel Perón, exiliada en España, regresó brevemente a la vida pública pero sin recuperar su influencia política. El golpe de 1976 sigue siendo un tema de debate en Argentina, con algunos sectores que aún lo justifican como una «necesidad histórica» y otros que lo consideran uno de los períodos más sombríos del país.

La memoria de las víctimas y la lucha por la verdad y la justicia siguen vigentes, recordando que el derrocamiento de Isabel Perón no fue solo un cambio de gobierno, sino el inicio de una de las etapas más traumáticas de la historia argentina.

La Política Económica del Proceso: Liberalización y Crisis Financiera

Uno de los pilares fundamentales del gobierno militar instaurado tras el derrocamiento de Isabel Perón fue la implementación de un modelo económico neoliberal que buscaba modernizar la estructura productiva del país, pero que terminó profundizando las desigualdades y generando una crisis sin precedentes. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, aplicó un plan de ajuste basado en la apertura comercial, la desregulación financiera y la privatización de empresas estatales, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington.

Estas medidas, aunque inicialmente lograron reducir la inflación mediante un congelamiento de precios y salarios, pronto mostraron sus limitaciones. La sobrevaloración del peso mediante una tablita cambiaria generó un boom de importaciones que destruyó la industria nacional, mientras la especulación financiera reemplazó a la producción como principal motor de la economía. La deuda externa se multiplicó, pasando de 8.000 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1983, en gran parte debido a préstamos irresponsables y fugas de capitales.

Las grandes empresas y grupos económicos concentraron riqueza, mientras los trabajadores sufrieron una drástica caída en sus ingresos reales. La política económica del Proceso no solo fracasó en su intento de estabilizar el país, sino que sentó las bases para la crisis hiperinflacionaria de fines de los años ochenta, demostrando que el régimen militar no tenía soluciones reales para los problemas estructurales de Argentina.

La Resistencia a la Dictadura: Movimientos Sociales y Derechos Humanos

A pesar de la feroz represión implementada por el gobierno de facto, diversos sectores de la sociedad argentina encontraron formas de resistencia frente al terrorismo de Estado. Las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en un símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos, marchando cada jueves frente a la Casa Rosada para exigir información sobre sus hijos desaparecidos.

Su valentía, desafiando a un régimen que asesinaba y torturaba con impunidad, les valió la admiración mundial y expuso las atrocidades del Proceso ante la mirada internacional. Otros grupos, como las Abuelas de Plaza de Mayo, enfocaron sus esfuerzos en recuperar a los niños secuestrados o nacidos en cautiverio, logrando restituir decenas de identidades robadas.

En el ámbito sindical, aunque la CGT fue intervenida, surgieron comisiones internas y huelgas encubiertas que mantuvieron viva la protesta obrera. Los organismos de derechos humanos, apoyados por la Iglesia progresista y sectores de la prensa independiente, documentaron los crímenes de la dictadura y presionaron a gobiernos extranjeros para que condenaran al régimen.

Incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas hubo disidencias, aunque minoritarias, que cuestionaron los métodos brutales de represión. Esta resistencia, aunque no logró derrocar a la Junta Militar en el corto plazo, fue fundamental para mantener viva la memoria de las víctimas y sentar las bases para el juicio histórico que llegaría con el retorno de la democracia.

El Fin del Proceso: La Guerra de Malvinas y el Colapso del Régimen Militar

El principio del fin de la dictadura militar argentina llegó en 1982, cuando el gobierno de Leopoldo Galtieri, en un intento desesperado por recuperar apoyo popular, ordenó la invasión de las Islas Malvinas. El conflicto, que enfrentó a Argentina con el Reino Unido, fue una apuesta arriesgada que terminó en una humillante derrota para las Fuerzas Armadas.

La guerra no solo expuso la incompetencia estratégica y logística del régimen, sino que también desnudó las mentiras de la propaganda oficial, que había asegurado una victoria segura. La rendición argentina en junio de 1982 marcó el colapso definitivo de la dictadura: la ciudadanía, que inicialmente había apoyado la recuperación de las islas, salió a las calles para repudiar a los militares, mientras la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos se intensificaba.

El desprestigio de las Fuerzas Armadas fue tal que la Junta se vio obligada a convocar elecciones para 1983, poniendo fin a siete años de terror y represión. La transición, sin embargo, no fue sencilla: los militares intentaron garantizar su impunidad mediante leyes de autoamnistía, pero la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia abrió paso a los históricos juicios que condenaron a los máximos responsables de la dictadura. La Guerra de Malvinas, aunque una tragedia nacional, aceleró el fin del Proceso y permitió el renacer de la democracia en Argentina.

Conclusión: Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina Democrática

El derrocamiento de Isabel Perón en 1976 no fue simplemente un cambio de gobierno, sino el inicio de un período oscuro que dejó heridas profundas en la sociedad argentina. La dictadura militar, bajo el pretexto de combatir la subversión, implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado que dejó miles de desaparecidos, una economía en ruinas y un tejido social fracturado. Sin embargo, la resistencia de las víctimas, los organismos de derechos humanos y la ciudadanía en general permitió que, tras la derrota en Malvinas, el país retomara el camino de la democracia.

Los juicios a las Juntas Militares durante el gobierno de Alfonsín fueron un paso fundamental en la búsqueda de justicia, aunque muchos represores lograron evadir el castigo gracias a leyes de impunidad y indultos posteriores. Hoy, casi cinco décadas después del golpe, Argentina sigue lidiando con el legado del Proceso: mientras algunos sectores intentan relativizar los crímenes de la dictadura, la mayoría de la sociedad mantiene viva la consigna de «Nunca Más».

Los derechos humanos, la memoria colectiva y la defensa de la democracia siguen siendo banderas irrenunciables, recordando que el derrocamiento de Isabel Perón no solo significó la caída de un gobierno, sino el inicio de una de las etapas más sangrientas y traumáticas de la historia nacional. La lucha por la verdad y la justicia continúa, porque solo enfrentando el pasado se puede construir un futuro mejor.

Rodrigo Ricardo
Rodrigo Ricardo Editor y fundador