Introducción al Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas
El gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) marcó un hito en la historia del Perú al implementar una serie de reformas estructurales que buscaban transformar la sociedad y la economía del país. Llegó al poder mediante un golpe de Estado en octubre de 1968, derrocando al entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, bajo la premisa de combatir la oligarquía y el imperialismo económico.
Velasco lideró la llamada «Revolución Peruana», un proyecto nacionalista y reformista que buscaba redistribuir la riqueza, modernizar el aparato productivo y fortalecer la soberanía nacional. Uno de los pilares fundamentales de su gobierno fue la reforma agraria, considerada una de las más radicales en América Latina, que buscaba eliminar el sistema de haciendas y latifundios que perpetuaban la desigualdad en el campo. Este proceso no solo tuvo implicaciones económicas, sino también sociales y políticas, redefiniendo las relaciones de poder en el Perú rural.
El contexto histórico en el que surgió el gobierno de Velasco estuvo marcado por el descontento popular frente a la concentración de tierras en manos de una élite terrateniente y las limitadas oportunidades para los campesinos indígenas. Además, influenciado por las ideas del socialismo militar y la teología de la liberación, el régimen velasquista promovió un discurso inclusivo que reivindicaba a los sectores marginados.
La expropiación de grandes extensiones de tierras, muchas de ellas en manos de empresas extranjeras, fue una medida emblemática que buscaba democratizar el acceso a la propiedad rural. Sin embargo, estas reformas también generaron controversias, tanto por su implementación como por sus resultados a largo plazo. En esta lección, analizaremos en profundidad las características, logros y limitaciones de las reformas agrarias bajo el gobierno de Velasco Alvarado, así como su legado en la sociedad peruana actual.
Antecedentes de la Reforma Agraria en el Perú
Para comprender la magnitud de las reformas agrarias implementadas por Juan Velasco Alvarado, es necesario revisar el contexto histórico del agro peruano antes de 1968. Durante gran parte del siglo XX, la estructura agraria en el Perú estaba dominada por el latifundio, un sistema en el que grandes extensiones de tierra eran controladas por una minoría de terratenientes, mientras que la mayoría de campesinos vivía en condiciones de explotación y pobreza.
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Este modelo, heredado de la época colonial, mantenía a las comunidades indígenas en una situación de servidumbre, especialmente en la sierra, donde persistían formas de trabajo semifeudales como el yanaconaje y el colonato. Las protestas campesinas, como las revueltas de La Convención y Lares en la década de 1960, evidenciaron el malestar social y la urgencia de cambios estructurales.
Antes de Velasco, hubo intentos de reforma agraria, como la promovida por el gobierno de Manuel Prado en 1964, pero estas medidas fueron limitadas y no lograron alterar significativamente la concentración de tierras. Fue bajo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) que se aprobó una ley de reforma agraria más ambiciosa, pero su aplicación fue lenta y enfrentó resistencia de los grupos de poder.
La incapacidad de Belaúnde para resolver el conflicto con la International Petroleum Company (IPC) y la percepción de que su gobierno favorecía a las élites, generaron el descontento que facilitó el golpe militar de 1968. Velasco, al asumir el poder, declaró que su revolución tenía como objetivo principal «liquidar el sistema oligárquico», y la reforma agraria fue la herramienta clave para lograrlo. La expropiación de haciendas y su redistribución a campesinos organizados en cooperativas marcaron el inicio de un nuevo modelo de tenencia de la tierra en el Perú.
La Implementación de la Reforma Agraria Velasquista
El 24 de junio de 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado promulgó el Decreto Ley N° 17716, conocido como la Ley de Reforma Agraria, uno de los instrumentos legales más radicales en la historia del Perú. Esta norma declaró la abolición del latifundio y estableció que la tierra debía ser trabajada por quienes la laboraban, bajo el principio de «la tierra para quien la trabaja».
Las grandes haciendas, muchas de ellas improductivas, fueron expropiadas sin indemnización o con compensaciones simbólicas, afectando principalmente a la oligarquía terrateniente y a empresas agroexportadoras. El Estado asumió el control de estas tierras y las redistribuyó mediante la creación de cooperativas agrarias de producción (CAP) y sociedades agrícolas de interés social (SAIS), en un intento por fomentar la propiedad colectiva.
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Uno de los casos más emblemáticos fue la expropiación del complejo azucarero Paramonga, propiedad de la empresa estadounidense W.R. Grace, que pasó a manos de los trabajadores organizados. Asimismo, en la sierra, grandes haciendas ganaderas y agrícolas fueron transferidas a comunidades campesinas. Sin embargo, la reforma no solo consistió en redistribuir tierras, sino también en modernizar el campo mediante créditos agrícolas, asistencia técnica y proyectos de irrigación.
El gobierno creó el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) para promover la participación campesina y evitar resistencias. A pesar de estos esfuerzos, la reforma enfrentó desafíos, como la falta de capacitación de los nuevos dueños, la burocracia estatal y la caída en la productividad en algunas zonas. Además, aunque se buscó eliminar la dependencia campesina, en la práctica, muchas cooperativas terminaron siendo controladas por el Estado, generando nuevas formas de centralismo.
Impacto Social y Económico de las Reformas Agrarias
Las reformas agrarias del gobierno de Velasco Alvarado tuvieron un profundo impacto en la sociedad peruana, especialmente en las zonas rurales, donde se rompió el poder tradicional de los hacendados y se reconfiguraron las relaciones sociales. Por primera vez, miles de campesinos accedieron a la propiedad de la tierra, lo que mejoró sus condiciones de vida en el corto plazo.
La eliminación del gamonalismo (poder local de los terratenientes) permitió una mayor movilidad social y el surgimiento de nuevas liderazgos campesinos e indígenas. Además, el discurso oficial del gobierno revalorizó la cultura andina, promoviendo el quechua y reconociendo la contribución de los pueblos originarios a la identidad nacional. Este enfoque fue revolucionario en un país históricamente dominado por una élite criolla y urbana.
Desde el punto de vista económico, los resultados fueron mixtos. Mientras que en algunas regiones la producción agrícola aumentó gracias a la inversión estatal, en otras hubo una caída debido a la falta de experiencia en la gestión cooperativa. La desaparición de las haciendas también afectó las cadenas de exportación, como la algodonera y azucarera, que habían sido pilares de la economía.
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A largo plazo, muchas cooperativas quebraron o fueron parceladas, dando paso a una agricultura minifundista. Aunque la reforma agraria logró redistribuir más de 9 millones de hectáreas, no resolvió problemas estructurales como la falta de infraestructura o el acceso a mercados. Pese a sus limitaciones, el proceso cambió para siempre el campo peruano, sentando las bases para posteriores movimientos campesinos y debates sobre desarrollo rural.
Legado y Críticas al Gobierno de Velasco Alvarado
El legado de Juan Velasco Alvarado y su reforma agraria sigue siendo objeto de debate en el Perú. Por un lado, se reconoce su papel en la democratización de la propiedad de la tierra y la inclusión social de los campesinos. Por otro, sus críticos argumentan que las reformas fueron improvisadas, generaron ineficiencia económica y debilitaron el sector agroexportador. La estatización de la economía y el autoritarismo del régimen también son puntos cuestionados. Tras su derrocamiento en 1975, muchas de sus políticas fueron revertidas por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, iniciando un proceso de liberalización económica.
Hoy, la reforma agraria velasquista es vista como un experimento ambicioso que, aunque no logró todos sus objetivos, transformó la estructura social del Perú. Su enfoque en la justicia social y la soberanía nacional influyó en movimientos políticos posteriores, y su discurso antioligárquico sigue resonando en demandas actuales por mayor equidad. Estudiar este periodo es esencial para entender las raíces de las desigualdades rurales y los desafíos del desarrollo en el Perú contemporáneo.
