El Conflicto Armado en Colombia: Orígenes, Desarrollo y Procesos de Paz

Introducción: Una Historia de Violencia y Búsqueda de Paz

El conflicto armado en Colombia representa uno de los capítulos más complejos y dolorosos de la historia contemporánea latinoamericana. Con raíces que se remontan a mediados del siglo XX, este prolongado enfrentamiento ha involucrado a múltiples actores: guerrillas revolucionarias, paramilitares, fuerzas del Estado y carteles del narcotráfico, todos entrelazados en una red de violencia que ha dejado cientos de miles de víctimas. Para comprender la magnitud de este conflicto, es necesario analizar sus causas estructurales, que incluyen la desigualdad social, la concentración de tierras, la exclusión política y la injerencia de intereses económicos internacionales. El conflicto colombiano no ha sido simplemente una guerra entre ideologías, sino un fenómeno multifacético donde se han mezclado luchas por el poder territorial, control de recursos ilícitos y reivindicaciones sociales históricamente postergadas.

A lo largo de más de seis décadas, el conflicto ha evolucionado constantemente, adaptándose a los cambios políticos y económicos tanto nacionales como globales. Desde las primeras guerrillas liberales de los años 50, pasando por el surgimiento de grupos insurgentes marxistas en los 60, hasta la aparición de poderosos grupos paramilitares en los 80 y 90, cada fase ha dejado su huella particular en el tejido social colombiano. La escalada del narcotráfico en los años 80 añadió otra capa de complejidad, financiando y distorsionando los motivos originales de la confrontación. En este contexto, los procesos de paz han representado intentos recurrentes por encontrar soluciones negociadas, con resultados diversos que van desde fracasos estrepitosos hasta acuerdos históricos como el de 2016 con las FARC.

El impacto humanitario del conflicto ha sido devastador: según cifras oficiales, más de 8 millones de víctimas registradas, incluyendo desplazados forzados, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente y víctimas de violencia sexual. Esta tragedia humanitaria ha afectado desproporcionadamente a las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, profundizando las brechas sociales y territoriales que precisamente alimentaron el origen del conflicto. Sin embargo, en medio de este oscuro panorama, Colombia ha demostrado una notable resiliencia como sociedad, con procesos de memoria histórica, movimientos de víctimas que exigen justicia, y una institucionalidad que, aunque imperfecta, ha mantenido la democracia en circunstancias extremas.

Antecedentes Históricos: De La Violencia al Surgimiento de las Guerrillas (1948-1964)

El período conocido como “La Violencia” (1948-1958) representa el caldo de cultivo esencial para entender el posterior surgimiento del conflicto armado moderno en Colombia. Este sangriento capítulo de la historia nacional estalló tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, evento que desencadenó un levantamiento popular conocido como el Bogotazo y posteriormente una guerra civil no declarada entre partidarios liberales y conservadores. Las zonas rurales fueron escenario de brutales masacres, como la de El Líbano (Tolima) en 1949 o la de San Fernando (Antioquia) en 1950, donde bandas armadas de ambos bandos cometieron atrocidades con una crueldad que marcaría profundamente la memoria colectiva. Se estima que este conflicto dejó entre 200,000 y 300,000 muertos y generó el primer gran desplazamiento forzado interno en el país, con campesinos huyendo de sus tierras hacia las ciudades o zonas más seguras.

El final formal de La Violencia llegó con el establecimiento del Frente Nacional en 1958, un pacto de alternancia en el poder entre liberales y conservadores que, si bien logró detener la confrontación partidista abierta, generó nuevas exclusiones políticas y sociales. Muchos de los antiguos combatientes liberales, desmovilizados pero descontentos con el sistema político, se reagruparon en zonas remotas del país como Marquetalia (Tolima), Riochiquito (Cauca) y El Pato (Huila). Estas comunidades de autodefensa campesina, inicialmente organizadas para protegerse de la persecución estatal, se convertirían en el embrión de las futuras guerrillas revolucionarias. El gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) lanzó operativos militares contra estos enclaves, como la Operación Marquetalia en 1964, que paradójicamente aceleró la conformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como estructura insurgente organizada.

Paralelamente, influenciados por la Revolución Cubana (1959) y el contexto de Guerra Fría, surgieron otros grupos guerrilleros con orientación marxista-leninista. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se fundó en 1964, inspirado en la teología de la liberación y la experiencia guerrillera cubana, con fuerte presencia en zonas petroleras como Santander. El Ejército Popular de Liberación (EPL), de orientación maoísta, apareció en 1967, mientras que el Movimiento 19 de Abril (M-19), de carácter urbano y nacionalista, emergió en 1970 como respuesta al supuesto fraude electoral contra Gustavo Rojas Pinilla. Cada uno de estos grupos desarrolló estrategias diferentes: las FARC priorizaron el control territorial rural mediante estructuras militares jerárquicas; el ELN combinó la lucha armada con trabajo social en comunidades; el M-19 se destacó por operaciones espectaculares como la toma de la Embajada Dominicana (1980) o del Palacio de Justicia (1985). Estas diferencias en enfoque y composición social explicarían las distintas trayectorias que seguirían en las décadas posteriores.

La Escalada del Conflicto: Narcotráfico, Paramilitarismo y Guerra Sucia (1980-2002)

La década de 1980 marcó un punto de inflexión en el conflicto colombiano con la irrupción del narcotráfico como actor determinante. Los carteles de Medellín (liderados por Pablo Escobar) y Cali (de los hermanos Rodríguez Orejuela) no solo desataron una ola de terror con bombas, asesinatos y secuestros, sino que comenzaron a financiar tanto a grupos insurgentes como a fuerzas paramilitares, distorsionando aún más las dinámicas del conflicto. Las FARC y el ELN encontraron en los cultivos de coca una nueva fuente de financiamiento mediante el cobro de “gramaje” (impuestos a la producción) y la participación directa en el negocio, lo que les permitió expandir sus estructuras militares y su influencia territorial. Según informes de inteligencia, para mediados de los 90 las FARC tenían ingresos anuales superiores a los $500 millones de dólares por conceptos relacionados con el narcotráfico, cifra que las convertía en la guerrilla más rica del continente.

Como respuesta al crecimiento insurgente y ante la percepción de abandono estatal en muchas regiones, surgieron grupos paramilitares de autodefensa que rápidamente escalaron a estructuras nacionales bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas formalmente en 1997. Financiados por terratenientes, narcotraficantes y sectores empresariales, y con vínculos comprobados con sectores del Estado, los paramilitares implementaron una estrategia de terror mediante masacres (como la de El Aro en 1997 o la de Mapiripán en 1998), desplazamientos forzados y ejecuciones selectivas. Su accionar, supuestamente dirigido contra la insurgencia, afectó principalmente a civiles en zonas de conflicto, con un saldo de miles de víctimas. La infiltración del paramilitarismo en la política nacional se evidenció en el escándalo de la “parapolítica” que estalló en 2006, revelando nexos entre congresistas y comandantes paramilitares.

Este período también fue testigo de intentos fallidos de paz, como los diálogos del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) con las FARC que llevaron a la creación de la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierda cuyos miembros fueron sistemáticamente asesinados (más de 3,000 militantes entre 1984 y 2002) en lo que se conoce como el genocidio político contra la UP. Los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002) también intentaron procesos de negociación, este último con una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza (el “Caguán”) que finalmente se convirtió en escenario de fortalecimiento guerrillero. La intensificación del conflicto alcanzó su punto máximo a finales de los 90 y principios de los 2000, con cifras récord de homicidios (cerca de 30,000 anuales), secuestros (3,572 reportados en 2000) y desplazamiento forzado (un pico de 400,000 personas en 2002). Este escenario de crisis llevó a la elección en 2002 de Álvaro Uribe Vélez bajo la promesa de mano dura contra la insurgencia, marcando el inicio de una nueva fase en el conflicto.