El Período de Entreguerras en Francia (1919-1939): Crisis, Inestabilidad y Ascenso de los Extremismos

La Reconstrucción Nacional y los Desafíos de la Posguerra (1919-1924)

El período inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial representó para Francia un enorme desafío de reconstrucción física, económica y psicológica. Con aproximadamente el 10% de su territorio completamente devastado (especialmente en las regiones industriales del norte y noreste), el gobierno enfrentó la titánica tarea de reconstruir pueblos enteros, infraestructura vial y ferroviaria, y miles de fábricas y minas de carbón. Esta reconstrucción se vio complicada por la catastrófica situación demográfica: Francia había perdido 1.4 millones de hombres en edad productiva, dejando un vacío generacional que afectaría la economía durante décadas. El problema se agravaba por el bajo índice de natalidad que ya arrastraba el país desde el siglo XIX, lo que llevó al gobierno a implementar políticas pronatalistas agresivas, incluyendo subsidios familiares y condecoraciones como la “Medalla de la Familia Francesa”. Simultáneamente, el Estado tuvo que hacerse cargo de más de 3 millones de veteranos heridos, incluyendo unos 300,000 mutilados graves (“gueules cassées”) que requerían pensiones vitalicias y programas de reinserción laboral. Esta carga social, sumada a los costos de reconstrucción, generó una crisis fiscal que dominaría la política francesa durante toda la década de 1920.

En el plano económico, Francia emergió de la guerra con una posición aparentemente fuerte pero estructuralmente débil. Como principal potencia continental victoriosa, había recuperado Alsacia-Lorena con sus valiosas minas de hierro y potasio, y obtenido el control temporal sobre las minas de carbón del Sarre. Sin embargo, la economía francesa sufría graves desequilibrios: una deuda pública equivalente al 180% del PIB (con importantes préstamos adeudados a Estados Unidos), una moneda (el franco) que había perdido el 80% de su valor prebélico, y una inflación galopante que erosionaba los ahorros de la clase media. La política de reparaciones alemanas, concebida como solución a estos problemas, pronto demostró sus limitaciones. Aunque el Tratado de Versalles había fijado en 132 mil millones de marcos oro la deuda alemana (equivalentes a unas 269 mil millones de francos oro), la capacidad real de pago de Alemania era mucho menor, como demostró la crisis de 1922-1923 cuando Berlín suspendió pagos y Francia ocupó el Ruhr en respuesta. Esta ocupación, aunque inicialmente popular, resultó contraproducente: la resistencia pasiva alemana y el colapso del marco hicieron inviable la extracción de recursos, mientras que el costo de mantener las tropas en el Ruhr agravó el déficit francés. Para 1924, con el franco cotizando a 1/10 de su valor de 1914 y la deuda externa insostenible, Francia se vio obligada a aceptar el Plan Dawes que reestructuraba las reparaciones alemanas, marcando el fin de la ilusión de que Alemania pagaría íntegramente los costos de la guerra.

El panorama político de estos años estuvo dominado por el “Bloc National”, una coalición de derechas que ganó las elecciones de 1919 con promesas de firmeza contra Alemania y protección del orden social frente al “peligro bolchevique”. Bajo gobiernos como el de Alexandre Millerand y Raymond Poincaré, esta alianza implementó políticas conservadoras en lo social (represión de huelgas, limitación de la jornada laboral de 8 horas) y nacionalistas en lo internacional (ocupación del Ruhr, alianzas con los nuevos estados de Europa Oriental). Sin embargo, hacia 1924, el descontento por la crisis económica, el fracaso de la ocupación del Ruhr y los escándalos financieros (como el caso Hanau) erosionaron su popularidad, llevando a la victoria electoral del “Cartel des Gauches” liderado por Édouard Herriot. Este cambio marcó el inicio de un período de mayor inestabilidad gubernamental, con frecuentes rotaciones ministeriales que dificultarían la implementación de políticas coherentes frente a los crecientes desafíos de los años 1930.

La Frágil Estabilidad de los “Años Locos” (1924-1929)

El período 1924-1929, conocido como los “Años Locos”, representó una aparente calma entre las tormentas de la posguerra y la Gran Depresión, aunque bajo la superficie persistían tensiones sociales y políticas significativas. La estabilización del franco en 1926-1928 (el “franco Poincaré” se fijó en 1/5 de su valor prebélico) permitió cierta recuperación económica, impulsada por la reconstrucción de las zonas devastadas, el crecimiento industrial (especialmente en sectores como el automotriz con Renault y Citroën) y la expansión del consumo masivo. París recuperó su esplendor cultural como capital mundial del arte y la literatura, con figuras como Picasso, Hemingway y Josephine Baker simbolizando la efervescencia creativa de la época. Sin embargo, esta imagen de prosperidad era engañosa: la economía francesa crecía a un ritmo más lento que sus competidores, la productividad industrial seguía rezagada respecto a Alemania o Estados Unidos, y el sector agrícola (que aún empleaba al 35% de la población) sufría de atraso tecnológico y sobreproducción crónica. La modernización era desigual, concentrada en las grandes ciudades mientras el campo permanecía anclado en tradiciones seculares.

En el plano político, estos años estuvieron marcados por la alternancia entre gobiernos del Cartel de Izquierdas (1924-1926) y de Unión Nacional (1926-1929), ninguno de los cuales logró imponer una visión de largo plazo. El Cartel, liderado por los radicales de Herriot, intentó implementar un programa reformista (impuesto sobre la renta, laicismo más estricto) pero chocó con la oposición del establishment financiero y la jerarquía católica, culminando en la crisis del franco de 1926 que obligó a Poincaré a formar un gobierno de unidad nacional. Este último logró estabilizar la moneda mediante políticas ortodoxas (austeridad fiscal, aumento de impuestos indirectos) pero a costa de alienar a la izquierda y posponer reformas sociales necesarias. La vida parlamentaria se caracterizó por una creciente fragmentación partidista (con hasta 15 grupos en la Cámara de Diputados) y una cultura política de “immobilisme” donde los gobiernos caían en promedio cada 6 meses por luchas faccionales más que por diferencias ideológicas profundas. Este sistema, aunque permitía cierta alternancia pacífica del poder, demostraría ser catastróficamente inadecuado para enfrentar los desafíos de los años 1930.

Socialmente, los “Años Locos” fueron un período de contrastes agudos entre la modernidad cosmopolita y las resistencias tradicionalistas. La urbanización acelerada (la población urbana superó a la rural por primera vez en 1931) y la expansión de la educación secundaria crearon una nueva clase media ilustrada receptiva a ideas progresistas sobre derechos de la mujer, planificación familiar y secularización. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad -especialmente el campesinado, la pequeña burguesía y los católicos practicantes- veían con alarma estos cambios, percibiéndolos como amenazas a la identidad nacional. Esta tensión se manifestó en debates culturales como la oposición a la “escuela única” laica o las protestas contra el arte moderno, pero también en el surgimiento de movimientos intelectuales de derecha como Action Française que idealizaban una Francia rural, católica y autoritaria. Al mismo tiempo, el Partido Comunista Francés (PCF), afiliado a la Internacional Comunista desde 1920, ganaba influencia en los barrios obreros industriales, polarizando aún más el panorama político. Estas divisiones, latentes durante los años de relativa prosperidad, estallarían con fuerza brutal cuando la Gran Depresión golpeara Francia a partir de 1931.

La Gran Depresión y el Ascenso de los Extremismos (1929-1934)

El impacto de la crisis económica mundial en Francia fue peculiar: llegó más tarde que a otros países (hacia 1931 en lugar de 1929) pero duró más, sumiendo a la nación en una depresión prolongada que no comenzaría a superarse hasta 1938. Esta cronología diferida se debió en parte a las características específicas de la economía francesa: un sector bancario menos expuesto a Wall Street, una moneda subvaluada tras la estabilización de 1928, y una economía menos dependiente de las exportaciones que Alemania o Gran Bretaña. Sin embargo, cuando la crisis finalmente llegó, sus efectos fueron devastadores: entre 1931 y 1935, la producción industrial cayó un 25%, las exportaciones un 60%, y el desempleo oficial (aunque subestimado por excluir a mujeres y trabajadores agrícolas) superó el medio millón. Peor aún, la deflación crónica (los precios cayeron un 25% entre 1930-1935) arruinó a deudores y empresarios mientras beneficiaba a rentistas y acreedores, exacerbando las desigualdades sociales. El sector agrícola, donde trabajaba aún un tercio de la población, fue particularmente afectado por el colapso de los precios de productos básicos como el trigo y el vino, llevando a muchos pequeños campesinos a la bancarrota.

La respuesta política a esta crisis económica fue lamentablemente inadecuada, reflejando las profundas divisiones ideológicas de la sociedad francesa y las limitaciones institucionales de la Tercera República. Los gobiernos de centro-derecha que dominaron hasta 1932 (como los de André Tardieu) insistieron en políticas deflacionarias ortodoxas (recortes salariales, reducción del gasto público) que solo profundizaron la recesión. La victoria del Cartel de Izquierdas en las elecciones de 1932 llevó al poder a una coalición de radicales y socialistas que prometía un “New Deal” francés, pero que se mostró incapaz de implementar reformas significativas debido a divisiones internas y la oposición del Senado conservador. El caso más emblemático fue el del gobierno de Édouard Daladier en 1933-1934, cuyo modesto programa de estímulo fiscal fue bloqueado por el lobby de los rentistas, llevando a la parálisis política total. Esta incapacidad de la clase política tradicional para enfrentar la crisis alimentó un creciente desprecio por el sistema parlamentario, no solo entre las masas desesperadas sino también entre sectores de la élite que veían en el autoritarismo una solución atractiva.

Fue en este contexto de crisis económica y desprestigio político que los movimientos extremistas de ambos bandos ganaron fuerza amenazando la estabilidad republicana. A la izquierda, el Partido Comunista, siguiendo las directrices estalinistas del “Tercer Período”, denunciaba a los socialistas como “socialfascistas” y promovía acciones revolucionarias que llevaron a violentos enfrentamientos callejeros. A la derecha, ligas paramilitares como Action Française, los Croix-de-Feu del coronel de La Rocque, y los Jeunesses Patriotes de Pierre Taittinger movilizaban a decenas de miles de militantes con retórica antiparlamentaria, antisemita y nacionalista. La chispa que hizo estallar esta mezcla inflamable fueron los escándalos financieros de 1933-1934, particularmente el affaire Stavisky, un estafador vinculado a políticos radicales cuyo misterioso suicidio (¿asesinato?) alimentó teorías conspirativas sobre la corrupción sistémica del régimen. El 6 de febrero de 1934, estas ligas organizaron una masiva manifestación frente al Palacio Borbón que degeneró en un violento intento de asalto al parlamento, dejando 15 muertos y cientos de heridos. Aunque el golpe fracasó y el gobierno de Daladier resistió inicialmente, la presión obligó a su renuncia dos días después, siendo reemplazado por un gobierno de “unión nacional” bajo el conservador Gaston Doumergue. Este evento marcó un punto de inflexión: por primera vez desde el caso Dreyfus, la propia supervivencia del régimen republicano parecía en juego.

El Frente Popular y los Últimos Años de Paz (1936-1939)

La crisis del 6 de febrero de 1934 tuvo un efecto paradójico: mientras fortaleció a la derecha autoritaria, también galvanizó a las fuerzas republicanas y de izquierda que vieron la necesidad de unirse para defender la democracia. Este proceso culminó en 1935-1936 con la formación del Frente Popular, una alianza sin precedentes entre radicales, socialistas y comunistas (estos últimos abandonando su anterior sectarismo tras el giro de la Internacional Comunista hacia la política de “frentes populares” antifascistas). Bajo el liderazgo de Léon Blum, la SFIO (Sección Francesa de la Internacional Obrera) logró articular un programa común que combinaba defensa de las libertades democráticas con reformas sociales ambiciosas, atrayendo no solo a la clase obrera sino también a sectores de la clase media progresista e intelectuales antifascistas. Las elecciones de abril-mayo de 1936 dieron una victoria histórica al Frente Popular, con los socialistas convirtiéndose por primera vez en la primera fuerza parlamentaria (con 146 escaños) y Blum asumiendo como primer primer ministro judío de Francia.

El gobierno de Blum implementó en sus primeros meses una serie de reformas sociales sin precedentes que transformarían el paisaje laboral francés. Los Acuerdos de Matignon (junio 1936), negociados directamente entre patronales y sindicatos bajo mediación gubernamental, establecieron aumentos salariales del 7-15%, la semana laboral de 40 horas, vacaciones pagadas de dos semanas (un concepto revolucionario para la época), y derechos sindicales ampliados. Paralelamente, el gobierno nacionalizó el Banco de Francia y las industrias de armamento, disolvió las ligas fascistas, y lanzó ambiciosos programas de obras públicas. Estas medidas, acompañadas de una oleada de ocupaciones de fábricas que involucraron a más de 2 millones de trabajadores, generaron un clima de euforia revolucionaria entre las bases obreras y de pánico entre las clases propietarias. Sin embargo, la experiencia del Frente Popular pronto enfrentó obstáculos insuperables: la fuga de capitales, la oposición del Senado conservador, y especialmente la Guerra Civil Española (desde julio 1936) que dividió profundamente a la coalición entre los que querían intervenir en apoyo de la República española (como Blum inicialmente) y los que priorizaban la neutralidad para evitar una guerra generalizada (posición final del gobierno, bajo presión británica y de los radicales).

La caída del gobierno Blum en junio 1937 marcó el inicio del declive del Frente Popular, aunque la coalición nominalmente continuó en el poder hasta 1938 bajo liderazgos más moderados como Camille Chautemps y el propio Blum en un breve segundo gobierno. La imposibilidad de conciliar las demandas sociales con la estabilidad económica (el franco tuvo que ser devaluado en 1936 y 1937) llevó a un creciente desencanto popular, mientras que la escalada de tensión internacional por los expansionismos alemán e italiano obligaba a desviar recursos hacia el rearme. Cuando Édouard Daladier, un radical de línea dura, asumió en abril 1938, efectivamente puso fin al experimento del Frente Popular al decretar una “pausa” en las reformas sociales y priorizar el rearme frente a la amenaza hitleriana. Su decisión en noviembre 1938 de hacer uso de decretos-leyes para imponer medidas económicas antisociales (flexibilización de la semana de 40 horas, aumento de impuestos indirectos) y su dura represión de la huelga general convocada en protesta (incluyendo despidos masivos de huelguistas) marcaron el retorno a políticas conservadoras en lo interno, aunque manteniendo una retórica antifascista en lo externo.

Los últimos meses de paz en 1939 estuvieron dominados por la creciente certeza de un conflicto inminente con la Alemania nazi. La anexión alemana de los Sudetes (septiembre 1938) y luego de toda Checoslovaquia (marzo 1939) demostraron el fracaso de la política de apaciguamiento, llevando a Daladier a endurecer su postura: garantía a Polonia (abril 1939), reinstauración del servicio militar de dos años, aceleración del programa de rearme (especialmente de la aviación). Sin embargo, Francia entraba a esta nueva guerra en condiciones precarias: dividida socialmente (con una derecha que en muchos casos admiraba a Mussolini e incluso a Hitler), económicamente debilitada (el PIB de 1938 aún era 15% inferior al de 1929), y militarmente obsoleta (la doctrina defensiva basada en la Línea Maginot demostraría ser catastróficamente inadecuada). Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y Francia declaró la guerra el 3 de septiembre, lo hizo más por imperativo moral que por convicción de victoria, iniciando lo que los franceses llamarían la “drôle de guerre” (guerra falsa) hasta el fulminante ataque alemán de mayo 1940 que llevaría al colapso de la Tercera República y al nacimiento del régimen de Vichy. Así terminaba el turbulento período de entreguerras, marcado por intentos fallidos de reforma, el ascenso de extremismos y una incapacidad sistémica para prepararse adecuadamente para el nuevo conflicto que se avecinaba.