La Constitución de 1917 en México: Un Hito en la Consagración de los Derechos Sociales

Publicado el 6 julio, 2025 por Rodrigo Ricardo

La promulgación de la Constitución de 1917 en México representó un parteaguas en la historia jurídica y política no solo del país, sino de América Latina. Surgida en el contexto posrevolucionario, esta carta magna fue la primera en el mundo en incorporar derechos sociales de manera explícita, sentando un precedente para otras naciones.

A diferencia de constituciones anteriores, que se limitaban a establecer garantías individuales y la estructura del Estado, la de 1917 integró principios revolucionarios que buscaban transformar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. Este documento no fue solo una respuesta a las demandas de justicia social que habían motivado la Revolución Mexicana, sino también un reflejo de las luchas agrarias, obreras y anticlericales que marcaron esa época.

El proceso constituyente, llevado a cabo en Querétaro, reunió a diputados con visiones diversas, desde liberales radicales hasta moderados, pero todos compartían el objetivo de construir un marco legal que evitara el regreso del autoritarismo y la inequidad del porfiriato.

Uno de los aspectos más revolucionarios de la Constitución de 1917 fue su enfoque en los derechos colectivos, especialmente en lo referente a la tierra y el trabajo. El artículo 27, por ejemplo, estableció la propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas, lo que permitió la redistribución de latifundios y el reconocimiento de los ejidos como una forma de tenencia de la tierra.

Esta disposición fue una respuesta directa a las demandas de los campesinos, quienes durante décadas habían sufrido el despojo de sus tierras por parte de hacendados y compañías extranjeras. Por otro lado, el artículo 123 consagró los derechos laborales, incluyendo la jornada de ocho horas, el salario mínimo, la indemnización por accidentes de trabajo y la libertad de asociación sindical.

Estas reformas no solo buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores, sino también equilibrar la relación entre el capital y el trabajo, que durante el porfiriato había estado marcada por la explotación y la ausencia de regulación.

El Contexto Histórico y las Demandas Populares Tras la Revolución

Para comprender la trascendencia de la Constitución de 1917, es necesario analizar el escenario político y social que vivía México tras una década de conflicto armado. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910 como un movimiento contra la reelección de Porfirio Díaz, rápidamente evolucionó hacia una lucha multifaccional donde convergieron intereses agrarios, obreros y nacionalistas.

Líderes como Emiliano Zapata y Francisco Villa encarnaron las aspiraciones de campesinos y sectores rurales, mientras que en las ciudades, los movimientos obreros comenzaban a ganar fuerza. La Convención de Aguascalientes en 1914 evidenció las divisiones entre los revolucionarios, pero también mostró la necesidad de un proyecto común que diera respuesta a estas demandas.

Venustiano Carranza, como primer jefe del Ejército Constitucionalista, convocó al Congreso Constituyente en 1916 con el propósito de reformar la Constitución de 1857, aunque muchos diputados, influenciados por las ideas de justicia social, fueron más allá y propusieron un texto completamente nuevo.

El debate en Querétaro reflejó las tensiones entre las visiones más conservadoras, representadas por Carranza, y las corrientes radicales lideradas por figuras como Francisco J. Múgica y Heriberto Jara. Mientras Carranza buscaba mantener un equilibrio que no ahuyentara a los sectores empresariales, los constituyentes más progresistas insistieron en la inclusión de derechos sociales que garantizaran una mayor igualdad.

Este choque de ideas fue particularmente evidente en la discusión sobre el artículo 3°, que estableció la educación laica y gratuita como un principio del Estado, eliminando la influencia de la Iglesia en la enseñanza. Asimismo, el artículo 130 reforzó el control gubernamental sobre las instituciones religiosas, lo que marcó el inicio de un conflicto entre el Estado y la Iglesia que se extendería durante la Guerra Cristera. La Constitución, por tanto, no fue solo un documento jurídico, sino un reflejo de las contradicciones y aspiraciones de una sociedad en reconstrucción.

El Impacto de las Reformas Sociales en la Reconfiguración del Estado Mexicano

La implementación de las reformas sociales contenidas en la Constitución de 1917 transformó profundamente la relación entre el Estado y la sociedad mexicana. A diferencia de épocas anteriores, donde el gobierno era visto como un ente distante y al servicio de las élites, la nueva carta magna buscó construir un Estado intervencionista que actuara como garante de los derechos colectivos.

Sin embargo, la aplicación de estos principios no fue inmediata ni exenta de obstáculos. En el ámbito agrario, por ejemplo, la redistribución de tierras enfrentó resistencia por parte de los terratenientes y las compañías extranjeras, especialmente en regiones como Morelos y Yucatán, donde los intereses económicos eran profundamente arraigados. A pesar de esto, figuras como Lázaro Cárdenas, décadas después, retomarían el espíritu del artículo 27 para llevar a cabo una reforma agraria más profunda.

En el terreno laboral, el artículo 123 sentó las bases para el surgimiento de un movimiento sindical fuerte y organizado, aunque también para su cooptación por parte del Estado durante el periodo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La creación de instituciones como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y, posteriormente, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), demostró la importancia de estos derechos, pero también cómo el gobierno los utilizó para controlar a las organizaciones obreras.

Por otro lado, las disposiciones anticlericales generaron tensiones que desembocaron en conflictos armados, como la mencionada Guerra Cristera, donde campesinos católicos se levantaron en armas contra las políticas del gobierno. Estos episodios revelaron que, si bien la Constitución era un avance en términos de justicia social, su aplicación requería negociaciones y ajustes en un país tan diverso como México.

El Legado de la Constitución de 1917 en la Actualidad

Más de un siglo después de su promulgación, la Constitución de 1917 sigue siendo un pilar fundamental del orden jurídico mexicano, aunque ha sido reformada en numerosas ocasiones para adaptarse a los cambios políticos y sociales. Su mayor aporte fue haber integrado, por primera vez, los derechos sociales como parte inalienable del pacto constitucional, influyendo en otras cartas magnas alrededor del mundo.

No obstante, también es cierto que muchos de sus postulados, como los relacionados con la justicia agraria o la soberanía nacional sobre los recursos naturales, han sido debilitados por reformas neoliberales en décadas recientes. Aun así, su espíritu original sigue siendo un referente para movimientos que luchan por mayor equidad y justicia. La Constitución de 1917 no fue un documento estático, sino el producto de un momento histórico donde México buscó reinventarse tras una revolución que prometió “tierra y libertad”. Su estudio sigue siendo esencial para entender los desafíos que persisten en la construcción de una sociedad más justa.

La Constitución de 1917 y su Influencia en la Construcción de un Proyecto Nacional

La Constitución de 1917 no solo fue un conjunto de normas jurídicas, sino también la base sobre la cual se construyó el proyecto de nación posrevolucionario. A diferencia de otros procesos constituyentes en América Latina, donde las élites políticas imponían marcos legales sin considerar las demandas populares, en México el texto constitucional emergió como un reflejo de las luchas sociales que habían sacudido al país durante casi una década. Este carácter incluyente, aunque imperfecto, permitió que diversos sectores de la sociedad se vieran representados en sus disposiciones.

Sin embargo, la materialización de estos principios dependió en gran medida de la voluntad política de los gobiernos posteriores. Durante las décadas de 1920 y 1930, algunos avances en materia agraria y laboral fueron evidentes, pero fue hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando se llevaron a cabo las reformas más profundas, como la expropiación petrolera y el reparto masivo de tierras. Estos actos no solo fortalecieron el papel del Estado como rector de la economía, sino que también consolidaron el mito de la Revolución Mexicana como un movimiento redentor de las clases oprimidas.

El nacionalismo revolucionario, alimentado por los postulados constitucionales, se convirtió en la ideología oficial del régimen posrevolucionario. El artículo 27, al reafirmar la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo, permitió que el Estado mexicano expropiara compañías extranjeras, como en el caso de la industria petrolera en 1938. Este acto, más allá de su impacto económico, tuvo un profundo significado simbólico: demostró que México no estaba dispuesto a someterse a los intereses de potencias extranjeras, como había ocurrido durante el porfiriato.

De igual manera, el artículo 123 sentó las bases para el desarrollo de un sistema de seguridad social, aunque este fue implementado de manera gradual y con claras limitaciones. La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943 fue un paso importante en este sentido, pero también evidenció las desigualdades del sistema, ya que inicialmente solo cubría a trabajadores formales, dejando fuera a campesinos y empleados informales.

Las Contradicciones entre el Discurso Constitucional y la Realidad Social

A pesar de los avances legales, la Constitución de 1917 no logró eliminar las profundas desigualdades que persistían en México. El reparto agrario, aunque significativo, no resolvió por completo el problema de la pobreza rural, ya que muchos ejidos carecían de infraestructura y apoyo crediticio para ser productivos. Además, el control estatal sobre los sindicatos, a través de figuras como Fidel Velázquez en la CTM, derivó en un sistema corporativo donde las demandas obreras eran frecuentemente negociadas a cambio de lealtad política.

Este esquema, si bien garantizó estabilidad durante décadas, también limitó la autonomía del movimiento obrero y perpetuó prácticas clientelares. Por otro lado, el anticlericalismo plasmado en la Constitución generó resistencias en amplios sectores de la población, especialmente en regiones con fuerte presencia católica, lo que demostró que las reformas no siempre se ajustaban a la diversidad cultural del país.

Otro aspecto contradictorio fue el tratamiento de los pueblos indígenas. Aunque la Constitución reconoció parcialmente sus derechos agrarios, lo hizo bajo una lógica integracionista que buscaba asimilarlos a la cultura mestiza dominante. No fue sino hasta reformas mucho más recientes, como las de 1992 y 2001, cuando se incorporó el concepto de autonomía indígena, aunque con limitaciones prácticas.

Esta omisión inicial reflejó una visión centralista del Estado, que veía en la diversidad étnica un obstáculo para la unidad nacional, en lugar de un elemento enriquecedor. De esta manera, mientras la Constitución de 1917 fue pionera en derechos sociales, también reprodujo algunas exclusiones propias de su tiempo, que tardarían décadas en comenzar a superarse.

Reflexiones Finales: La Constitución de 1917 como Documento Vivo y su Vigencia en el Siglo XXI

La Constitución de 1917 sigue siendo un referente en la historia de México, no solo por su contenido innovador, sino por su capacidad de adaptarse a los cambios políticos y sociales. A lo largo del siglo XX, fue reformada en numerosas ocasiones, algunas para ampliar derechos—como las reformas en materia de género y diversidad sexual—y otras para ajustarse a modelos económicos neoliberales, como las modificaciones al artículo 27 para permitir la privatización de tierras ejidales.

Esta flexibilidad ha sido tanto una fortaleza como una debilidad: por un lado, ha permitido que el marco jurídico evolucione; por otro, ha facilitado que intereses particulares modifiquen principios originales sin un debate profundo.

En la actualidad, el legado de la Constitución de 1917 sigue siendo objeto de disputa. Para algunos, representa la base de un Estado social que debe ser defendido ante las presiones privatizadoras; para otros, es un documento que requiere una revisión integral para responder a los desafíos del siglo XXI, como la crisis ambiental, la desigualdad digital y los derechos de nuevas minorías. Lo que es indudable es que su historia está íntimamente ligada a la del país, y su estudio sigue siendo esencial para entender tanto los logros como las deudas pendientes de la justicia social en México.