La Venezuela Actual (2020-2024): Adaptación, Resistencia y Búsqueda de Alternativas

Introducción: La Nueva Normalidad en Medio del Colapso

El período 2020-2024 ha representado una fase de transición en la prolongada crisis venezolana, donde la sociedad ha desarrollado complejos mecanismos de supervivencia frente a un Estado que, aunque debilitado, mantiene el control mediante mecanismos autoritarios y adaptaciones pragmáticas. La pandemia de COVID-19, que llegó a Venezuela en marzo de 2020, se superpuso a la emergencia humanitaria preexistente, creando un escenario paradójico donde las cuarentenas estrictas (entre las más largas del mundo) coincidieron con el colapso del sistema hospitalario y la imposibilidad material de millones de cumplir el confinamiento por necesidad de trabajar en la economía informal. Según la ONU, solo el 20% de los centros de salud tenían agua corriente y electricidad estable cuando comenzó la pandemia, mientras que las sanciones internacionales complicaron el acceso a vacunas (el país fue el último en América del Sur en iniciar su campaña de vacunación). Sin embargo, las bajas cifras oficiales de contagios y muertes (243,000 casos y 2,800 muertes hasta 2023 según el gobierno) son ampliamente cuestionadas por expertos independientes que estiman al menos 5 millones de contagios reales y un exceso de mortalidad de 100,000 personas durante la pandemia.

Este período también ha visto la consolidación de una economía dual donde coexisten una dolarización informal (que según estimaciones ya representa 70% de las transacciones) con un bolívar hiperdevaluado usado principalmente para pagos estatales y subsidios. Los ingresos petroleros, aunque muy por debajo de los niveles históricos, mostraron cierta recuperación al pasar de $2,300 millones en 2020 a $6,100 millones en 2022 gracias al alza de precios internacionales y los acuerdos para evadir sanciones. Políticamente, el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado cierto reconocimiento internacional renovado, especialmente tras el inicio de negociaciones con la oposición en México (2021-2023) y el alivio parcial de sanciones por parte de Estados Unidos en 2023, que permitió a Chevron reanudar operaciones. Sin embargo, este aparente “deshielo” contrasta con la continuidad de violaciones a derechos humanos (documentadas en 2022 por la Misión Internacional Independiente de la ONU) y el mantenimiento de estructuras represivas como las FAES, responsables según organizaciones civiles de más de 2,000 ejecuciones extrajudiciales entre 2020-2023. La sociedad venezolana navega esta compleja realidad entre estrategias de resistencia cotidiana, emigración selectiva y adaptación a lo que muchos denominan ya como “la nueva normalidad” de un país en crisis crónica.

Economía en Paradoja: Entre la Dolarización Informal y las Sanciones Internacionales

La economía venezolana durante este período ha presentado la aparente paradoja de mostrar ciertos indicadores macroeconómicos mejorados mientras las condiciones de vida de la mayoría siguen siendo extremadamente precarias. Según el Banco Central de Venezuela (cuyos datos volvieron a publicarse irregularmente en 2021 tras 6 años de opacidad), la inflación bajó de 9,585% en 2019 a 234% en 2022, mientras el PIB mostró su primer crecimiento (4% en 2021 y 5% en 2022) tras ocho años de contracción acumulada del 80%. Sin embargo, estos datos esconden realidades más complejas: la dolarización espontánea, inicialmente resistida pero luego tolerada por el gobierno desde 2019, ha creado una economía a dos velocidades donde quienes tienen acceso a divisas (principalmente migrantes que envían remesas – $4,200 millones en 2022 – o trabajadores de sectores vinculados al exterior) pueden acceder a bienes importados en supermercados y centros comerciales, mientras quienes dependen de salarios en bolívares (equivalente a $10-30 mensuales en 2023) subsisten gracias a los CLAP (cajas de alimentos subsidiados) y economías de trueque.

El sector petrolero, aunque muy por debajo de su capacidad histórica (la producción promedió 700,000 barriles diarios en 2022 frente a los 3 millones de 1998), sigue siendo vital para el gobierno. Maduro ha logrado sortear parcialmente las sanciones mediante acuerdos con Irán (que envió petroleros, técnicos y condensado para revivir refinerías), Rusia (cuya Rosneft ayudó a comercializar crudo de forma encubierta) y China (que acepta pagos en petróleo por deudas). La flexibilización de sanciones por parte de EE.UU. en noviembre 2022, permitiendo a Chevron reanudar operaciones limitadas, marcó un punto de inflexión que podría presagiar mayor apertura. No obstante, la industria sigue plagada de problemas: PDVSA debe $60,000 millones en bonos y arbitrajes, sus infraestructuras están deterioradas (el incendio de la refinería de El Palito en 2022 dejó al país sin gasolina por semanas), y la producción sigue vulnerable a cortes de electricidad y falta de inversión. Mientras tanto, otros sectores como la minería (especialmente oro y coltán, muchas veces extraído de forma ilegal en el Arco Minero del Orinoco) han ganado importancia, generando nuevos problemas ambientales y de derechos humanos en zonas indígenas.

Reconfiguración Política: Del Fracaso de Guaidó a las Negociaciones de México

El panorama político venezolano entre 2020-2024 ha estado marcado por el fracaso del proyecto liderado por Juan Guaidó y el gradual reposicionamiento de Nicolás Maduro en el escenario internacional. La estrategia de “presidencia interina” que en 2019 obtuvo reconocimiento de 60 países y control de algunos activos externos (como $1,800 millones en oro del Banco de Inglaterra) se fue desinflando progresivamente por varios factores: la incapacidad de lograr una transición, divisiones internas en la oposición, el mantenimiento del apoyo militar a Maduro, y el cansancio de actores internacionales frente a una crisis prolongada. Las elecciones parlamentarias de diciembre 2020 (boicoteadas por la oposición y con solo 31% de participación según observadores independientes) permitieron al chavismo recuperar formalmente la Asamblea Nacional, mientras Guaidó perdía reconocimiento internacional progresivamente (en 2023 solo EE.UU. y algunos países latinoamericanos seguían reconociéndolo).

En este contexto, surgió un proceso de negociación en México (agosto 2021-noviembre 2023) entre el gobierno y la Plataforma Unitaria (principal coalición opositora), mediado por Noruega y con participación de actores internacionales. Estos diálogos lograron acuerdos parciales como la creación de un fondo de $3,000 millones administrado por la ONU para programas sociales (financiado con fondos venezolanos congelados en el exterior), y compromisos sobre derechos políticos y electorales de cara a las presidenciales previstas para 2024. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de desconfianzas: el gobierno ha liberado algunos presos políticos pero mantiene inhabilitaciones a figuras opositoras clave (como María Corina Machado, ganadora de primarias opositoras en 2023), y aunque aceptó misiones de evaluación electoral de la UE, mantiene control sobre el CNE. La comunidad internacional sigue dividida: mientras EE.UU. y la UE condicionan mayor alivio de sanciones a avances democráticos, países como Rusia, China e Irán apoyan incondicionalmente a Maduro, y actores regionales como Brasil (bajo Lula) y Colombia (bajo Petro) abogan por reintegrar a Venezuela sin exigir demasiadas contrapartidas.

Sociedad Fracturada: Estrategias de Supervivencia y Nueva Diáspora

La sociedad venezolana ha desarrollado complejas estrategias de adaptación a la crisis prolongada, creando lo que algunos sociólogos denominan “un archipiélago de realidades paralelas”. En las principales ciudades, especialmente Caracas, una minoría con acceso a dólares (profesionales vinculados a ONGs, empresas multinacionales o el propio Estado) disfruta de restaurantes, centros comerciales y servicios privados de salud/educación que rivalizan con los de cualquier capital latinoamericana, mientras la mayoría sobrevive mediante economías informales (el 60% de la población económicamente activa según ENCOVI), redes familiares de apoyo y ayudas estatales focalizadas (como las pensiones equivalentes a $3 mensuales o las cajas CLAP que cubren aproximadamente 20% de necesidades alimentarias básicas). El sistema educativo público sigue en crisis (30% de deserción escolar según UNICEF), pero ha surgido un floreciente mercado privado de escuelas “low cost” ($10-30 mensuales) que atiende a familias de clase media empobrecida.

La diáspora venezolana, que superó los 7,7 millones en 2023 según ACNUR, ha entrado en una nueva fase: si inicialmente emigraban principalmente profesionales y clases medias (2014-2018), luego sectores populares (2018-2021), ahora predominan los reagrupamientos familiares y migraciones secundarias (venezolanos que dejan países receptores iniciales como Colombia o Perú por mejores oportunidades en Norteamérica o Europa). Este éxodo ha generado importantes flujos de remesas ($4,200 millones en 2022 según el BCV, aunque estimaciones independientes hablan de $6,000 millones), que representan el segundo ingreso de divisas después del petróleo y sostienen a aproximadamente 40% de hogares. Sin embargo, también ha creado graves problemas sociales: familias divididas, adultos mayores abandonados (15% de hogares son unipersonales de ancianos según ENCOVI), y una generación de niños criados por abuelos o tíos mientras sus padres trabajan en el exterior. Psicólogos hablan ya del “síndrome del niño WhatsApp” para describir a menores que solo conocen a sus padres a través de videollamadas.

Perspectivas Futuras: Elecciones 2024 y Posibles Escenarios

Las elecciones presidenciales previstas para 2024 se perfilan como un posible punto de inflexión en la crisis venezolana, aunque con escenarios todavía muy inciertos. Por un lado, el chavismo busca consolidar su recuperación política y económica: las encuestas (con reservas por su confiabilidad limitada) muestran a Maduro con intención de voto entre 20-30%, aprovechando ventajas como el control de instituciones, recursos estatales y un electorado diezmado por la migración (el padrón electoral bajó de 20 millones en 2018 a 15 millones en 2023). Por otro, la oposición intenta superar sus divisiones: las primarias de octubre 2023 fueron ganadas por la centroderechista María Corina Machado, pero su inhabilitación política (y posible arresto) genera dudas sobre si podrá ser candidata efectiva. La comunidad internacional, especialmente EE.UU. y la UE, ha dejado claro que el alivio adicional de sanciones dependerá de condiciones electorales mínimamente competitivas.

Expertos plantean cuatro escenarios principales para 2024-2025: 1) Elecciones con condiciones mínimas aceptables (liberación de presos políticos, observación internacional, acceso a medios) donde Maduro podría ganar en primera vuelta; 2) Elecciones claramente amañadas que generen nuevas protestas y sanciones; 3) Postergación electoral bajo algún pretexto (nueva ola migratoria, conflicto con Guyana); o 4) Un pacto de transición donde el chavismo acepte ceder algo de poder a cambio de garantías. Económicamente, la recuperación seguirá siendo frágil mientras persistan sanciones secundarias, deudas impagas y falta de inversiones. Socialmente, el país enfrenta el desafío de reconstruir capital humano (con 85% de universidades en crisis según la UCAB) e infraestructura (el sistema eléctrico opera al 50% de capacidad). Lo que parece claro es que Venezuela necesitará décadas para recuperarse de esta crisis multidimensional, cuyo desenlace dependerá tanto de dinámicas internas como de factores geopolíticos y económicos globales que escapan a su control.