El Ascenso de AMLO y el Proyecto de la Cuarta Transformación
El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales de 2018 marcó un punto de inflexión en la historia política reciente de México, al representar no solo la llegada al poder de un partido distinto (Morena, fundado en 2014), sino la materialización de un proyecto político que se autodenominó como la «Cuarta Transformación» (4T) de la vida pública mexicana. López Obrador, un político con amplia trayectoria en la izquierda mexicana (ex miembro del PRI y luego dirigente del PRD), logró capitalizar el descontento acumulado durante décadas contra el establishment político y las políticas neoliberales, presentándose como la alternativa genuina de cambio para los sectores marginados del país. Su victoria fue contundente: obtuvo el 53% de los votos, la mayor proporción en una elección presidencial desde que se tienen registros, mientras que su coalición «Juntos Haremos Historia» logró mayorías en ambas cámaras del Congreso, algo inédito para un partido no priista.
El proyecto de la 4T se planteó como heredero de tres grandes transformaciones históricas en México: la Independencia (primera), la Reforma liberal (segunda) y la Revolución Mexicana (tercera). Según la narrativa oficial, estas transformaciones habían sido traicionadas por las élites políticas y económicas, por lo que ahora correspondía llevar a cabo una nueva revolución pacífica que devolviera el poder al pueblo y reorientara al Estado hacia los pobres. Los pilares centrales de este proyecto incluían: combatir la corrupción como eje transversal, priorizar el desarrollo del sur-sureste del país, fortalecer el papel rector del Estado en la economía, y recuperar la «austeridad republicana» en el gasto público. Sin embargo, desde un principio hubo tensiones entre este discurso transformador y algunas prácticas políticas tradicionales, como la concentración de poder en la figura presidencial y el uso de programas sociales con fines clientelares, lo que llevó a críticos a señalar que la 4T representaba más una «revolución de símbolos» que un cambio estructural profundo.
Los primeros años del gobierno de AMLO estuvieron marcados por una serie de medidas controvertidas pero altamente simbólicas, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) ya avanzada su construcción, la creación de la Guardia Nacional (una fuerza de seguridad civil controvertida por su posible militarización), y el lanzamiento de programas sociales masivos como las pensiones para adultos mayores y los becas para jóvenes. Estas acciones generaron tanto entusiasmo entre sus seguidores como escepticismo entre analistas que cuestionaban su viabilidad financiera y eficacia real. Al mismo tiempo, López Obrador estableció un estilo de gobierno personalista y confrontativo, con mañaneras diarias (conferencias de prensa matutinas) donde atacaba a sus críticos y medios de comunicación, lo que polarizó aún más la opinión pública. Este estilo, combinado con su promesa de «primero los pobres», le permitió mantener altos niveles de popularidad (alrededor del 60% de aprobación durante la mayor parte de su mandato), pero también generó preocupaciones sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas y los contrapesos al poder ejecutivo.
Política Económica: Entre el Nacionalismo y la Continuidad
La política económica del gobierno de López Obrador representó un intento por romper con el modelo neoliberal que había dominado México desde los años ochenta, aunque en la práctica mantuvo elementos importantes de continuidad. Uno de los principios fundamentales de la 4T en materia económica fue el fortalecimiento del sector público, particularmente en áreas estratégicas como energía (Petróleos Mexicanos, PEMEX, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE) y finanzas (con la creación del Banco del Bienestar). El gobierno canceló las rondas de licitación de campos petroleros a empresas privadas implementadas por la reforma energética de Peña Nieto, e inyectó cuantiosos recursos públicos para rescatar a PEMEX, que acumulaba más de 100 mil millones de dólares en deuda y una producción en declive. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron revertir la crisis estructural de la empresa estatal, cuya producción de crudo continuó cayendo durante el sexenio, mientras que los subsidios a las gasolinas representaron un creciente gasto para las finanzas públicas.
En materia fiscal, el gobierno de AMLO mantuvo una política de «austeridad republicana» que recortó gastos en la burocracia (reduciendo salarios de altos funcionarios y eliminando varias subsecretarías) pero aumentó el gasto social, particularmente en programas como Sembrando Vida (reforestación y empleo rural) y Jóvenes Construyendo el Futuro (becas laborales). Estas transferencias directas, aunque populares entre sus beneficiarios, fueron criticadas por su posible uso clientelar y porque no representaban soluciones estructurales a la pobreza. Paradójicamente, a pesar del discurso anti-neoliberal, el gobierno mantuvo disciplina fiscal (evitando incrementar significativamente la deuda pública) y respetó la autonomía del Banco de México, lo que le permitió mantener la estabilidad macroeconómica incluso durante la crisis del COVID-19. De hecho, la economía mexicana mostró una notable resiliencia durante la pandemia, aunque con un crecimiento mediocre (promedio anual de alrededor del 1% durante el sexenio) que no permitió reducir significativamente los altos niveles de informalidad laboral (alrededor del 55% de la fuerza de trabajo).
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Uno de los mayores logros económicos del sexenio fue la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituyó al TLCAN y mantuvo el acceso privilegiado de México al mercado estadounidense. El gobierno también impulsó megaproyectos de infraestructura con un fuerte componente nacionalista, como el Tren Maya (un ferrocarril turístico en la península de Yucatán) y la Refinería Dos Bocas en Tabasco, aunque estos enfrentaron críticas por sus impactos ambientales, costos crecientes y falta de transparencia en su planeación. En términos generales, la política económica de la 4T combinó elementos heterodoxos (mayor intervencionismo estatal) con ortodoxia fiscal, lo que evitó crisis macroeconómicas pero no generó el crecimiento esperado. Al final del sexenio, México seguía siendo una economía con enormes contrastes: potencia exportadora manufacturera (especialmente en automóviles) pero con altos niveles de pobreza (alrededor del 40% de la población) y desigualdad, lo que dejaba pendiente la promesa central de la 4T: lograr que «por el bien de todos, primero los pobres».
Seguridad y Derechos Humanos: Entre la Paz Elusiva y la Militarización Creciente
Uno de los mayores desafíos del gobierno de López Obrador fue el tema de la seguridad pública, ámbito en el que había prometido un cambio radical respecto a la «guerra contra el narcotráfico» de sus predecesores. Su estrategia, denominada «Abrazos, no balazos», proponía abordar las causas sociales de la violencia mediante programas de desarrollo y oportunidades laborales, al tiempo que se evitaban los enfrentamientos directos con los cárteles de droga. Sin embargo, esta estrategia pronto mostró sus limitaciones: los homicidios dolosos se mantuvieron en niveles históricamente altos (alrededor de 30,000 anuales durante todo el sexenio), mientras que fenómenos como el crimen organizado, la extorsión y el robo de combustible (huachicoleo) continuaron afectando a amplias regiones del país. Casos emblemáticos de violencia, como la masacre de la familia LeBarón en Sonora (2019) o el asesinato de periodistas (México se mantuvo como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo), demostraron la incapacidad del Estado para garantizar seguridad básica a los ciudadanos.
Frente a esta realidad, el gobierno terminó por recurrir cada vez más a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, contradiciendo en parte su discurso inicial. La Guardia Nacional, creada en 2019 como cuerpo civil, terminó siendo mayoritariamente integrada por elementos militares y puesta bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, el gobierno amplió las funciones militares a áreas tradicionalmente civiles, como la construcción de infraestructura (aeropuertos, trenes) e incluso la administración de aduanas y puertos. Esta militarización creciente generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que señalaban el riesgo de debilitar las instituciones civiles y la falta de controles efectivos sobre el poder castrense. El punto álgido de esta polémica fue la aprobación en 2022 de una reforma que extendió hasta 2028 la presencia militar en calles, una medida criticada por perpetuar un enfoque que había demostrado ser ineficaz para reducir la violencia.
En materia de derechos humanos, el balance de la 4T fue particularmente contradictorio. Por un lado, el gobierno avanzó en algunas agendas progresistas, como la legalización del cannabis para uso recreativo y la despenalización del aborto a nivel federal (aunque la interrupción legal del embarazo siguió siendo decisión de cada estado). También se creó una comisión para investigar los crímenes del periodo conocido como la «Guerra Sucia» (décadas de 1960-1970). Sin embargo, en otros aspectos el gobierno mostró un enfoque regresivo: recortó presupuestos a organizaciones civiles de derechos humanos, ignoró recomendaciones internacionales sobre desapariciones forzadas (México superó las 100,000 personas desaparecidas durante este sexenio), y mantuvo una política migratoria restrictiva que, aunque menos visible que la de administraciones anteriores, siguió generando violaciones a los derechos de migrantes centroamericanos. El caso más emblemático de esta ambivalencia fue el manejo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde el gobierno prometió verdad y justicia pero terminó replicando versiones cuestionables y sin lograr sentencias contra los principales responsables. Al final del sexenio, la promesa de pacificación seguía siendo una deuda pendiente de la 4T, con un país tan violento como al inicio del gobierno pero con las fuerzas armadas más empoderadas que nunca en la vida democrática reciente.
Legado y Balance de la Cuarta Transformación
Al aproximarse el fin del sexenio en 2024, el balance de la Cuarta Transformación genera opiniones profundamente divididas entre sus partidarios, que ven un cambio histórico en la priorización de los pobres, y sus críticos, que señalan continuidades con el pasado y nuevos problemas. Entre los logros más citados por el oficialismo están: la consolidación de un sistema de bienestar basado en transferencias directas que beneficiaron a millones de personas (adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad); la recuperación simbólica del Estado como rector de la economía; y la mantención de la estabilidad macroeconómica en un contexto global turbulento (pandemia, guerra en Ucrania). Además, el gobierno de AMLO logró algo inédito en la historia reciente: mantener altos niveles de popularidad (alrededor del 60% de aprobación) a lo largo de todo su mandato, lo que le permitió transferir esta capital político a su sucesor designado, Claudia Sheinbaum, quien ganó las elecciones de 2024.
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Sin embargo, los fracasos y contradicciones de la 4T son igualmente significativos. La corrupción, aunque reducida en algunos ámbitos (como el gasto público en publicidad), siguió siendo un problema estructural, con casos emblemáticos como los presuntos vínculos entre el hijo del presidente y contratistas del gobierno. La democracia interna en Morena fue cuestionada por el manejo vertical de AMLO, quien impuso candidatos sin procesos competitivos. Las instituciones autónomas (como el INE y la Suprema Corte) sufrieron ataques constantes del ejecutivo, debilitando los contrapesos al poder presidencial. En lo económico, aunque se evitó una crisis financiera, el crecimiento mediocre no permitió generar los empleos formales que demandaba una población joven, mientras que los megaproyectos emblemáticos (como el Tren Maya) acumularon denuncias por daños ambientales y sobrecostos.
El legado más perdurable de la 4T podría ser cultural e ideológico: la reivindicación de un nacionalismo económico y social que había sido marginado durante el periodo neoliberal, y la demostración de que una retórica anti-establishment combinada con políticas sociales focalizadas puede mantener amplio apoyo popular incluso con resultados económicos mediocres. Sin embargo, las transformaciones estructurales prometidas (en corrupción, seguridad, desigualdad) quedaron incompletas, dejando para la siguiente administración el desafío de consolidar lo positivo del proyecto mientras corrige sus excesos. En última instancia, la Cuarta Transformación representó menos una ruptura radical con el pasado que una peculiar síntesis entre el nacionalismo revolucionario tradicional, el populismo latinoamericano del siglo XXI y la pragmática aceptación de ciertas realidades económicas globales. Su verdadero impacto histórico solo podrá evaluarse con la perspectiva del tiempo, cuando se vea si sus cambios perduran más allá del carisma de su fundador.
